La Cooperativa de los Servidores del Ayuntamiento de Santo Domingo Este (conocida como COOPEASDE o Copeaeste) atraviesa una crisis profunda que amenaza con convertirse en un cierre casi definitivo. Empleados enfermos, jubilados y trabajadores activos llevan meses —en algunos casos más de un año— sin poder retirar sus ahorros, a pesar de que se les siguen aplicando los descuentos mensuales por nómina. Los rumores de quiebra técnica no son nuevos: ya en noviembre de 2025 se hablaba de ella abiertamente en el Concejo de Regidores. Hoy, con la salida de Jesús Colón de la administración municipal, la investigación forense que se ordenó sobre un déficit de RD$28 millones quedó en el limbo y las respuestas brillan por su ausencia.
Esta no es una crisis improvisada. Es el resultado de años de retención de fondos por parte de la Alcaldía y de una supervisión reguladora que parece haberse ausentado.
¿Cómo se alimenta la cooperativa?
La cooperativa se financia principalmente con los aportes obligatorios y voluntarios de los empleados municipales, descontados directamente de sus salarios. Ese dinero debería transferirse de forma puntual y completa a la entidad cooperativa. Sin embargo, históricamente el Ayuntamiento ha retenido esos recursos para cubrir necesidades de nómina u otros compromisos, una práctica denunciada desde al menos 2017 y admitida con retrasos en 2019.
Bajo la gestión de Dío Astacio, la situación no mejoró. Fuentes y regidores han señalado que la Alcaldía mantiene retenidos montos significativos (se han mencionado cifras de RD$11 millones en un momento concreto), mientras los socios siguen viendo cómo se les descuenta el dinero pero no pueden acceder a él. Cuando un socio solicita el retiro de sus aportes o un préstamo de emergencia, la respuesta frecuente ha sido “no hay fondos”. La entidad llegó a recibir un déficit de RD$28 millones al cambiar de directiva (incluyendo un préstamo hipotecario de RD$8 millones sobre un edificio), certificados financieros con tasas altas (13-14 %) y deudas con suplidores. Aunque se afirmó haber devuelto más de RD$4 millones a algunos socios y saldado alrededor del 70 % de ciertas obligaciones, los problemas estructurales persisten y los resultados de la auditoría forense ordenada nunca se hicieron públicos.
En resumen: la cooperativa se “alimenta” del bolsillo de los trabajadores del Ayuntamiento. Cuando esa transferencia se retrasa o se retiene, la entidad se asfixixa, los socios pierden liquidez y la confianza se erosiona hasta el punto de hablar de cierre casi definitivo.
¿Por qué el IDECOOP debe intervenir?
El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) no es un espectador. Es el organismo autónomo del Estado dominicano encargado de promover, educar, tecnificar, supervisar, regular y fiscalizar el movimiento cooperativo. Su misión incluye el seguimiento permanente de la salud económica y social de las cooperativas, la asistencia técnica y, cuando es necesario, la intervención para proteger a los asociados y evitar daños mayores al sector.
Hay precedentes claros. El IDECOOP ha supervisado procesos de disolución y liquidación de cooperativas en quiebra irreversible (como el caso de COOPHERRERA) y mantiene facultades para actuar ante irregularidades, insolvencia o riesgos para los socios. En el caso de la cooperativa del ASDE, existen múltiples indicios de:
- Retención de fondos descontados a trabajadores.
- Déficit significativo no aclarado públicamente.
- Imposibilidad de los socios de disponer de sus propios ahorros.
- Riesgo real de colapso que afectaría a cientos de familias de empleados municipales.
El silencio del IDECOOP frente a denuncias públicas de regidores, socios y reportajes periodísticos resulta, cuando menos, inexplicable. Mientras se piden investigaciones y se habla de “tragedia silenciosa” de empleados enfermos y jubilados que esperan sus ahorros, el regulador parece mirar hacia otro lado.
Ineptitud o deliberada omisión
La gestión de Dío Astacio ha mostrado logros en otras áreas (recaudación, algunas obras, pagos parciales de prestaciones a exempleados), pero en el tema de la cooperativa de sus propios trabajadores ha brillado por la falta de soluciones estructurales. Retener o retrasar la entrega de fondos que ya fueron descontados a los empleados no es gestión austera: es poner en riesgo el patrimonio de quienes hacen funcionar el Ayuntamiento. Y cuando el regulador natural (IDECOOP) no interviene a tiempo, la responsabilidad se comparte.
Los socios no están pidiendo favores. Están exigiendo que se les entregue el dinero que les pertenece. El IDECOOP tiene la obligación legal y moral de actuar: auditar, fiscalizar, exigir la transferencia de los fondos retenidos y, si es necesario, intervenir para evitar que otra cooperativa dominicana termine en liquidación forzada.
¿Hasta cuándo se permitirá que esta crisis continúe en la oscuridad? Los trabajadores de Santo Domingo Este merecen respuestas concretas, no más silencios ni promesas dilatorias. El dinero existe. La pregunta es dónde está y quién responderá por él.
